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CRÓNICAS DE UN PUEBLO SAN JUAN DE LA RAMBLA JOSÉ Mª PÉREZ MONTES
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Mantener la paz social en el municipio de San Juan de la Rambla parece ya un
objetivo imposible y las actuaciones de los gobernantes locales tampoco ayudan mucho a
ello.
Agustín M. González
San Juan de La Rambla
Mientras la Corporación y los vecinos siguen a la espera de la resolución del
contencioso judicial por el traslado del Ayuntamiento y el cambio de la capitalidad al barrio
de San José, se suceden otros acontecimientos que enrarecen aún más la difícil convivencia en
éste antes apacible pueblo norteño. La Asociación de Vecinos Rambla, perteneciente al casco
antiguo, celebró una asamblea el viernes pasado y denunció a su término "el chantaje, las
amenazas y las represalias" del alcalde Manuel Reyes (AIS-CC), quien ha ordenado el envío
de cartas certificadas a 200 vecinos "amenazándoles con acciones judiciales". El colectivo
vecinal considera que el gobierno local, "responsable de la división del pueblo, intenta coartar
la libertad de expresión y el derecho de todo ciudadano a acudir a la justicia", por lo que
también estudian iniciar posibles medidas legales.
Según detallaron los representantes de la A.V. Rambla, las cartas certificadas y
"amenazadoras", firmadas por el secretario del Ayuntamiento, han sido remitidas a las 200
personas que en su día denunciaron ante los juzgados una posible malversación de fondos
públicos por el cambio de uso del centro comercial y de oficinas de San José, que el gobierno
local de CC-AIS reconvirtió en sede del Ayuntamiento. El Gobierno de Canarias concedió
una subvención de 80 millones de las antiguas pesetas a la Corporación ramblera para la
construcción de un edificio en San José con el fin de fomentar el pequeño comercio local.
Inicialmente fue así: la planta baja se dedicó a comercio y la alta a oficinas. Pero en febrero de
2001 el gobierno local decidió trasladar a este inmueble todas las dependencias municipales y
reconvertirlo en Consistorio.
Irregularidades
Este cambio de uso del edificio, que los vecinos consideraban irregular, fue
denunciado en enero de 2002 ante el Juzgado de La Orotava, que acordó más tarde el
sobreseimiento libre y archivo de las diligencias previas. Los vecinos recurrieron a la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que no dio continuación procesal de las
diligencias previas y confirmó la resolución del Juzgado de La Orotava sobre el
sobreseimiento libre, por entender que los hechos denunciados "no parecen constitutivos de
infracción penal alguna" y sólo había una "innegable" irregularidad administrativa. La
Comunidad Autónoma presentó un recurso en el que admitía la alteración de la subvención,
pero fue desestimada por llegar fuera de plazo. El 11 de noviembre de 2004 la Audiencia
Provincial comunicó la desestimación del recurso de apelación. A raíz de esta decisión
judicial, en el mes de diciembre pasado, el alcalde presentó una propuesta ante el pleno de la
Corporación para "presentar acciones judiciales, si procediera, por presunto delito de
calumnias, difamación o el que proceda contra todos los actores de la querella que se me
interpuso por los motivos expuestos anteriormente, en virtud del grave daño que se ha hecho a
mi persona, al gobierno municipal y, por extensión a la institución del Ayuntamiento de San