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CRÓNICAS DE UN PUEBLO SAN JUAN DE LA RAMBLA JOSÉ Mª PÉREZ MONTES
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Por su parte, el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, y el consejero de
presidencia y Hacienda Víctor Pérez, dejaron claro que es obligación del Cabildo, según
establece la ley, aprobar ―este expediente, además tiene su origen en una decisión del
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Nosotros sólo hacemos lo que establece la ley pues
la decisión ha sido tomada en la corporación local‖. De todas formas, indicó Melchior, ―esto
no significa que se haya acabado el diálogo y que la decisión sea irreversible‖. CC lamentó
―la utilización política por parte del PSC de este conflicto vecinal‖.
El portavoz del PP, Ángel Llanos, señaló que si se hubiese elegido como alcalde al
representante del PP esto no hubiese pasado. Pero como no ha sido así, al Cabildo sólo le
corresponde cumplir la ley y aprobar este expediente ya tramitado por el Ayuntamiento, y por
eso el PP votará a favor de aprobar el cambio de capitalidad.
La Gaceta, martes 30 de noviembre de 2004
(214) SAN JUAN DE LA RAMBLA, “FRACTURADA”
PLENO/El Cabildo ratificó ayer, con los votos en contra del PSOE, la aprobación
del cambio de capitalidad del municipio. Unos 200 vecinos tuvieron que ser desalojados
por la Policía Nacional ante la intensidad de las protestas.
Esther Chic.
Los votos favorables de CC y PP fueron suficientes para que el Cabildo diera ayer el
definitivo visto bueno al cambio de capitalidad en el municipio de San Juan de la Rambla
desde el barrio de San Juan al de San José. A la vista del desenlace final, poco importó a los
socios de gobierno de la corporación insular, las protestas de los más de 200 vecinos del
municipio norteño que, desde primeras horas, se concentraban ante la fachada del Palacio
Insular para elevar sus quejas con cánticos y pancartas en las que, adelantándose a los
acontecimientos, ―CC votará hoy a favor de la desunión de nuestro pueblo‖ o ―Para vivir con
odio, segregación‖.
Una vez en el salón de plenos, y tras el debate generado por la petición socialista de
que el expediente quedara sobre la mesa ante el evidente riesgo de fractura social que